El anuncio de la posible eliminación de hasta 35 000 empleos en los servicios de salud para veteranos ha despertado preocupación entre expertos, empleados y organizaciones que defienden los derechos de los exmilitares. La medida forma parte de un plan de reorganización del Departamento de Asuntos de Veteranos, que busca reducir costos y optimizar su estructura administrativa.
Aunque las autoridades han señalado que muchos de los puestos afectados están actualmente vacantes, distintos sectores advierten que el sistema de salud para veteranos ya enfrenta una alta demanda, largas listas de espera y escasez de personal médico en varias regiones del país. En ese contexto, cualquier reducción de personal podría traducirse en demoras en la atención y una menor calidad en los servicios.
Los críticos del plan insisten en que las reformas deberían enfocarse en mejorar la eficiencia sin debilitar la capacidad de atención a quienes han servido en las fuerzas armadas. Por su parte, el gobierno asegura que continuará evaluando el impacto de los recortes para evitar afectar directamente a los pacientes, en medio de un debate que sigue abierto a nivel nacional.


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